La Quinta Monroy era, originalmente, el último campamento informal del centro de Iquique, una ciudad del desierto chileno a 1.500 kilómetros al norte de Santiago. Las malas condiciones de habitabilidad del recinto propiciaron su inclusión en un programa estatal para reemplazar el campamento por un conjunto de 93 viviendas dignas para las familias que lo ocupaban. La primera decisión fundamental del proyecto fue mantener el terreno —que costaba el triple de lo que se asigna habitualmente a los desarrollos de vivienda social—, evitando desplazar a los afectados a la periferia, donde el suelo es barato pero conlleva problemas de marginalidad y no fomenta la revaloración de la construcción. Por otro lado, el subsidio de 7.500 dólares para cada familia permitía levantar, en el mejor de los casos, una casa de 36 m², la mitad de la superficie de una vivienda estándar de clase media. El proyecto responde a estos factores con una tipología que, haciendo un uso eficiente del suelo, permite la ampliación de las casas de una forma regulada que evita el hacinamiento y revaloriza los procesos de autoconstrucción. De este modo, se entrega la mejor mitad de la casa, casi en bruto, pero dotada con instalaciones de calidad, y se ofrece apoyo técnico a las familias para realizar las ampliaciones.