La situación de la economía española es grave. No sólo estamos viviendo un cambio de ciclo tras catorce años de crecimiento sostenido, sino que la profundidad de la crisis, a la que se superpone la alarmante situación financiera internacional, está mostrando consecuencias sociales muy preocupantes que auguran un largo periodo de dificultades: incremento del desempleo y problemas de liquidez de familias, empresas y Administraciones.

¿Cuál ha sido la lógica del cambio de ciclo en España? Nuestro país tuvo el periodo más largo e intenso de crecimiento de la economía y del empleo entre los socios de la Unión Europea, pero lo hizo basándose en dos propulsores peligrosos y poco sostenibles: el primero, el incremento artificial del valor de cambio (monetario) de la vivienda al abrigo de tipos de interés históricamente bajos, y el segundo, el alargamiento del periodo de amortización de los créditos hipotecarios.

El precio de la vivienda se triplicó, lo cual llevó a un endeudamiento masivo (hoy el endeudamiento de las familias es el 140 por ciento de su renta anual disponible) y ha llevado a situaciones de riesgo a las entidades crediticias (el 70 por ciento del crédito es a la compra de vivienda). El millón de viviendas ‘que no se venden’ disminuye el valor de los activos españoles.

Ese ‘modelo productivo’ creaba mucho empleo, ya que la construcción residencial tiene un fuerte empuje multiplicador sobre otras ocupaciones. El fenómeno de la inmigración masiva también ha sido muy funcional para este modelo. Sin embargo, al basarse sólo en la demanda interna, ha provocado un fuerte endeudamiento exterior (829.590 millones de euros, el 11 por ciento del PIB) por el abultado déficit de la balanza comercial acumulado en los últimos años.

El círculo vicioso se cierra con un fuerte descenso de la recaudación fiscal, el consecuente endeudamiento de las Administraciones y la previsible escasez de recursos para reforzar los ‘estabilizadores automáticos’, como la cobertura al desempleo.

La caída del empleo ha generado una perspectiva de cuatro millones de parados para este año, con lo que esto tiene de frenazo para el consumo.

El pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el proceso de ajuste, en caída libre, ha aterrizado sobre la peor pista del peor aeropuerto: una crisis financiera mundial sin precedentes, que perjudica más a un país tan endeudado como el nuestro.

No es gratuito lo de ‘la construcción de la crisis’. ¿Había opciones alternativas? Muchas propuestas fueron despreciadas: recortar ventajas fiscales a la compra de vivienda, promocionar el alquiler, promover el apoyo (fiscal) al tejido productivo competitivo y fomentar el tejido productivo basado en I D i, así como mejorar el sistema educativo.

El cortoplacismo ha triunfado durante este ciclo venturoso, pero ‘ha construido la crisis’. La aparente renuncia de los poderes públicos a gobernar la economía es sólo aparente, las decisiones fiscales han inflado la burbuja, y la despreocupación por la cualificación y la productividad, han inflado la burbuja y la deuda externa.

A nivel global, la vista gorda sobre las operaciones financieras (desde las hipotecas basura hasta las hipotecas españolas a mileuristas) ha desencadenado la más grande de las catástrofes, cuyas consecuencias son impredecibles. La crisis económica española y la crisis financiera mundial son el síntoma de la crisis ético-valorativa, más dañina aún: desciende la confianza del público en los agentes económicos y en las Administraciones públicas.

Inducir a los pobres a la ilusión de la riqueza es la ruina de los ricos, así se construyen las crisis económicas y sociales. La fortaleza de los valores —transparencia, esfuerzo, austeridad, educación y solidaridad— es un antídoto que se creyó obsoleto. Nada nuevo bajo las estrellas. Desoír a los que nos han transmitido humildemente experiencias anteriores (vacas gordas/vacas flacas; la avaricia rompe el saco; es mejor prevenir que curar) no sólo es signo de soberbia ‘adanista’, es signo de estupidez.

Particularmente en esta situación de crisis, como en todas, se redescubre el llamado ‘sector público’. Una crisis económica es ‘un fallo del mercado’ y para ello la escuela neoclásica de la economía emplazaba al Estado. Sobre el Estado y su intervención en la crisis podemos decir varias cosas: a nadie le ha repugnado la masiva intervención del sector público en el llamado ‘rescate’ del sistema financiero. Pienso que la intervención va a ser mucho mayor, dada la quiebra masiva de bancos y compañías de crédito. Durante un tiempo veremos, llamémoslo como queramos, la nacionalización de bancos. Creo que el erario público debe resarcirse pasada la crisis y el Estado asumir en todas partes la vigilancia y el control de las entidades financieras y hacer circular información en un sistema global.

El sector público no puede abandonar las políticas recaudatorias precisas (progresividad y equidad) para mantener la respuesta de los estabilizadores automáticos (cobertura social, inversión pública, entre otros).

Sólo la coordinación de las políticas económicas de la UE puede ayudar a una respuesta eficaz, evitando un ‘sálvese quien pueda’ que mediante vueltas desgraciadas al proteccionismo nacional, vulnere los cimientos mismos de la UE y genere más tensiones políticas de las previsibles.

La inversión pública debe centrarse en las infraestructuras —competitividad—, los equipamientos sociales —cohesión— y la inversión en la gente —educación— para hacer del capital humano la primera ventaja competitiva de cualquier área geográfica.

En cuanto al sector privado de la economía, si el mercado tiene tan aparatosos fallos, debe haber reguladores públicos; los agentes económicos y sociales deben —representando sus intereses— consensuar, dialogar y negociar transparentando sus objetivos, porque los intereses generales prevalecen sobre los particulares.

En España, la fragmentación del Estado debe tener el límite que dicte el sentido común para evitar quiebras del mercado y pérdida de la cohesión económica y social.

La crisis de la construcción ha dejado endeudamiento y caída del valor de los activos (viviendas que no se venden) y hay que evitar inflar de nuevo la burbuja. La prioridad ahora debería ser revalorizar los activos, las viviendas desocupadas, mediante una gran iniciativa público-privada que las ponga en alquiler.

Estas consideraciones tendrían que ser básicas para intervenir, sabiendo que la intensidad y la extensión de la crisis nos han hecho a todos más pobres, más desconfiados y temerosos, y que se exigirán perseverancia, rigor y transparencia como valores imperantes en las relaciones económicas y sociales en el próximo periodo.