Durante unos días, el Gamonal de Burgos fue, a su pesar, noticia de portada: escenario de una rebelión vecinal provocada por unas obras municipales que pretendían mejorar el barrio y dotarlo de 254 plazas de aparcamiento subterráneo —a 19.000 euros cada una, y a cambio de 357 aparcamientos gratuitos en superficie—, y que dieron pie a imágenes de revuelta urbana que recordaban episodios producidos en barrios franceses o británicos. No era el caso, pues se trataba de un fenómeno muy local, y en ese perfil se han mantenido los vecinos, de modo que las consecuencias prácticas también lo serán. Sin embargo, los hechos se prestan a lecturas más amplias.

El barrio es producto de un urbanismo desarrollista, de baja calidad y con un problema histórico de aparcamiento. Aunque se han producido mejoras, estas no han llegado a su arteria principal: la calle Vitoria. El bulevar de la discordia es un sucedáneo (1 kilómetro de longitud) del desarrollado en Burgos por Herzog y De Meuron sobre los terrenos liberados del ferrocarril (unos 12 kilómetros en total), lo que supone una estructura urbana bastante diferente, orientada hacia una ciudad de unos 250.000 habitantes, que es la cifra que alcanzará Burgos en los próximos 20-30 años si se mantiene el crecimiento producido durante los últimos 50. Ese bulevar no es de las mejores obras de los arquitectos suizos, pues no corresponde a la escala habitual de su trabajo, y los dos edificios previstos en el encargo han pasado a la historia ante la profunda crisis del Consorcio Ferroviario, que gestionaba la promoción de la transformación urbana.

La situación de Gamonal es manifiestamente mejorable, pero el poder político legítimo debe tener en cuenta los criterios de oportunidad y sensibilidad en un contexto de crisis, nacional y local: de los 180.000 habitantes de Burgos (70.000 en Gamonal), 18.000 son parados. En estas circunstancias, los ciudadanos le han dicho a su ayuntamiento que no desean unas mejoras que les supongan costes directos, y que tampoco es el momento adecuado para llevarlas a cabo, considerando la deuda municipal. Ésta asciende a 154 millones en 2012, según el Ministerio de Economía, sin contar con dos proyectos inmobiliarios —el FC, de 150 millones de euros y el polígono industrial de Villalonquéjar, de 90— cuyas ventas de suelo financiarían las operaciones. Ciertamente hay que considerar el problema con una perspectiva temporal amplia, pero la presión financiera se produce ahora, como consecuencia de la burbuja inmobiliaria burgalesa.

La respuesta vecinal y su modo de ejercitar su derecho al espacio público apuntan, así, a un nuevo modelo de contrato ciudadano. Lo importante de este caso es el cambio que supone para una nueva valoración de las políticas locales: olvidar inauguraciones, mantener lo existente lo mejor posible y evitar el aumento de deuda e impuestos, pues los ciudadanos no tienen dinero tras seis años de crisis.

El ‘Síndrome de Gamonal’ da cuenta del deterioro económico y social de la realidad de muchos ciudadanos. La violencia es injustificable, pero resulta llamativo el carácter selectivo de las agresiones sobre entidades financieras, además de contenedores y medios auxiliares de la contrata, lo que demuestra que los vecinos no tiraban piedras sobre su propio tejado, y no había entre ellos peligrosos antisistema foráneos.

España lleva tiempo en el punto de mira de la estabilidad social. El deterioro económico y su insoportable tasa de paro del 26% —agravado en los jóvenes con la mayor tasa de la UE superior al 50%—, además del desánimo producido por la corrupción, son bases para una temida conflictividad social. Es otro aviso, como lo fue el 15 M. Los españoles han demostrado madurez y contención, como en la Transición, pero nuestros políticos deben reflexionar sobre la regeneración del Sistema en plena crisis. Quizá la próxima vez los hechos sean más graves.