‘A man, a plan, a canal: Panama’. El tema del palíndromo está de actualidad por los sobrecostes milmillonarios reclamados por el consorcio que ejecuta esta obra, liderado por Sacyr.

Es posible que realmente se hayan producido circunstancias por las cuales sea imposible terminar las obras en el precio acordado. Sin embargo, tras conocer el importe de la adjudicación, muy por debajo de las otras dos ofertas, muchos expertos afirmaron que era imposible construir el canal por ese precio.

La construcción es un sector especial, en el que las previsiones son más difíciles que en otros ámbitos más tecnificados de la industria, pero los costes y plazos de ejecución de los edificios no oscilan aleatoriamente entre el cero y el infinito. Existen métodos y datos suficientes para realizar estimaciones razonables.

Los riesgos que quedan se pueden repartir entre el cliente y el constructor. En un extremo, cuando paga por administración, el cliente asume todas las variaciones, sean a favor o en contra. En el otro, como en los contratos llave en mano o en las concesiones, el constructor no podrá repercutir los sobrecostes a nadie.

La forma de contratación utilizada en España para la obra pública, y por inercia también en obra privada, se conoce como medición abierta. El cliente paga el precio contratado por unidad de obra pero aplicado a la cantidad realmente ejecutada, que suele ser mayor que la calculada en el proyecto. ¿Cuál es la diferencia admisible entre estas dos magnitudes? La incertidumbre sobre el subsuelo puede ser alta pero, ¿es normal que el número de ascensores se quede corto? Por si acaso, la legislación admite un aumento del 10 % en todas y cada una de las unidades de obra, que suele llamarse de ‘liquidación’.

Además, el constructor puede cobrar todos los cambios que sean necesarios y no estén previstos en el proyecto, que dan lugar a los famosos ‘modificados’. La legislación fijaba históricamente un 20 % de aumento para ellos, pero en la Ley de Economía Sostenible de 2011, tras presiones de Bruselas y cuando ya no quedaba dinero para más obras, bajó al 10 %.

Hay más. En cada obra se admite otro incremento, el proyecto ‘complementario’, que son añadidos al proyecto original que se encargan también al adjudicatario con pocos trámites. El porcentaje del 20 % para esta buena causa aumentó al 50 % en la ley recién mencionada, seguramente para compensar la bajada anterior.

Como muchas unidades de obra necesarias para estos cambios no figuran en el presupuesto inicial, sus precios tienen que ser negociados durante la ejecución, cuando el constructor tiene una posición de fuerza. Sin contar con que las exigencias legales de estos sobrecostes no siempre se cumplen al pie de la letra.

En resumen, el porcentaje histórico total aceptable de sobrecoste, si se negocia bien, es el 50 % y las constructoras han luchado siempre por acercarse lo más posible. Este porcentaje está tan asumido que se afirmaba públicamente que una obra como la M-30 en Madrid tenía un sobrecoste de sólo el 10 %, aunque en realidad era el 60 %.

El resultado es conocido. Las empresas ofertan con enormes bajas porque saben que se resarcirán con creces a lo largo de la obra. Como la aprobación de los cambios es más fácil si la empresa es grande y está bien relacionada, las empresas pequeñas quedan fuera del juego y las extranjeras ni se atreven. De ahí la extrañísima y silenciada situación de que no haya una sola empresa constructora extranjera grande en España, a diferencia de los demás sectores industriales.

El sistema se ha mantenido porque por distintas razones que no caben en el margen de este texto se benefician también los demás agentes del proceso, menos los ciudadanos que pagan impuestos.

El problema es que fuera de España esto no funciona.