En ese bombeo de capitales y expectativas en que consiste la economía, parece que toca ahora la expansión. Al menos en Madrid, donde acaba de anunciarse la resurrección de su plan urbanístico más ambicioso, la llamada Operación Chamartín. Ideado en 1993, el plan tuvo un lento y fatigoso desarrollo que culminó en 2011, fecha en que se aprobó, antes de que en 2013 —en lo más negro de la crisis económica— el Tribunal de Justicia de Madrid lo anulase por vulnerar la Ley del Suelo entonces vigente, en particular la absurda limitación a cuatro alturas de los nuevos desarrollos urbanísticos. Revocada esta ley, y confirmado el interés del Grupo BBVA en asumir el 75% de la inversión total que supone el negocio (unos 6.000 millones de euros), se prevé que el convenio para llevar a cabo la Operación Chamartín pueda cerrarse antes de las elecciones municipales de mayo, y que, si todo va bien, las obras puedan comenzarse a finales de este año. Los datos del plan son epatantes: soterramiento de las vías de ferrocarril en una superficie de 24 hectáreas; prolongación de la Castellana en 3,7 kilómetros; liberación de 3,1 millones de metros cuadrados de suelo; construcción 17.000 viviendas y de varios rascacielos de más de 300 metros de altura... Refiriéndose a la operación, el presidente del BBVA ha comentado: «No sé si será rentable para nuestra entidad, pero sí para Madrid.» Sin embargo, habida cuenta de las nacionalizaciones recientes, el rescate bancario y otros hechos luctuosos, es inevitable desear que la operación también sea rentable para los bancos.