Entre los grandes planes gubernamentales en el Reino Unido, el anuncio que acaso podría hacer mayor eco en el paisaje poscovid-19 ha sido la promesa de Boris Johnson de «construir, construir y construir».

El supuesto new deal auspiciado por el primer ministro para salir de una grave situación económica ha sido ampliamente rechazado en cuanto declaración vacía que dependería en su mayor parte de una reasignación de fondos ya existentes, y que supondría pocos cambios tangibles. Las ambiciones ideológicas de desregular, reducir el control y rebajar intencionadamente el alcance de las normas medioambientales son aterradoras y no hacen sino ahondar en la incomprensión de los problemas reales del urbanismo y las infraestructuras.

Tenemos una crisis de la vivienda. Una crisis que no ha sido producida por un sistema de planificación urbana demasiado regulado, sino por el hecho de que tenemos uno cuasi desmantelado (la financiación se ha reducido en un 42% en diez años). La retórica de «acelerar los proyectos» y «reducir la burocracia», y la mofa de las exigencias medioambientales, nos retrotraen a la idea falsa y anticuada de que el planeamiento es el problema. Después de décadas construyendo en ciudades de todo el mundo, nos resulta evidente precisamente lo contrario: el urbanismo no es el problema sino la solución. Resulta asimismo evidente que si se respeta la planificación y se otorga a las autoridades los recursos para ser creativos y ambiciosos, queda expedito el camino hacia la reconstrucción de las infraestructuras. ‘Infraestructura’, en este contexto, no significa sólo proyectos de ingeniería, sino también el derecho humano a una buena vivienda que, cuando se planifica con habilidad y para fomentar el sentido comunitario, conforma los cimientos de la sociedad civil.

Centrándose en los aspectos cuantitativos del problema, el primer ministro se pregunta por qué resulta tan lento construir viviendas en el Reino Unido. Como puso de manifiesto el estudio sobre las tasas de construcción auspiciado por el gobierno en 2018, dependemos demasiado de muy pocos promotores, que construyen el mismo tipo de viviendas. Necesitamos diversificar el proceso mediante la financiación de promotores más pequeños, viviendas dirigidas por la comunidad, cooperativas y, lo que es más importante, viviendas municipales. En los últimos diez años, se aprobaron más de 2,5 millones de viviendas, pero sólo se han podido construir 1,5 millones. Los promotores se quejan de los retrasos provocados por el sistema de planeamiento, pero hay en el Reino Unido más de un millón de viviendas que cuentan con licencia y que están esperando ser construidas.

En lo que toca a la inversión en el entorno y la infraestructura, la velocidad y la cantidad deben concordar con la calidad. La merma en los requerimientos normativos reducirá la calidad y ahorrará costes a los promotores, pero no bajará el precio de las viviendas en un mercado donde la oferta sigue estando muy por debajo de la demanda. La desregulación no garantiza por sí misma que se construyan más viviendas.

Necesitamos cambios que mejoren la participación de las comunidades en el proceso de planeamiento, de manera que puedan influir en las grandes decisiones en vez de que estas se le presenten como hechos consumados. Necesitamos reformas que hagan a los promotores dinámicos y creativos, que exijan calidad y den forma a los desarrollos urbanísticos antes de que el mercado fije precios sólo acordes con sus propias expectativas de ganancia. Necesitamos dar al sector público las herramientas y la fuerza para construir buenas viviendas a gran escala.

Pero nada de esto sucederá si el urbanismo continúa siendo envilecido por la burocracia, si las autoridades locales no reciben recursos y si el gobierno sigue considerando que su función es, simplemente, quitarse de en medio.