Reclamamos transparencia mientras exigimos intimidad. Los imprecisos límites entre lo público y lo privado, sin embargo, hacen difícil atender esas demandas contrapuestas. Por un lado, la contienda política se extiende hasta la vida personal de los cargos electos o designados, sometidos al escrutinio minucioso o al acoso domiciliario; por otro, cada vez más personas exhiben impudorosamente su intimidad en los medios para el deleite culpable o el escándalo farisaico de audiencias masivas. Reconciliar el derecho de acceso a la información pública con la protección de datos personales es un desafío jurídico, pero sobre todo un oxímoron cultural.
Seguimos defendiendo retóricamente que el dominio público debería ser un recinto de vidrio, transparente al examen de la mirada común, y el ámbito privado una fortaleza hermética, blindada frente a la intrusión del Estado-Leviatán. En realidad, la esfera pública —de la legislación a la diplomacia— es históricamente inseparable de la opacidad o la reserva, y el dominio privado ha estado siempre sometido a una inspección que hoy ha llegado al paroxismo con la ubicuidad de las cámaras y el registro digital de las comunicaciones, los contactos o las cuentas corrientes. Quizá ha llegado el momento de reconocer que la ética de la responsabilidad autoriza la penumbra, y que la intimidad es una invención reciente que sólo podemos proteger reconociendo sus límites.
Muchos de los que se escandalizan ante la difusión incontrolada de los datos personales cuelgan en su muro de Facebook imágenes embarazosas, practican el sexting con WhatsApp y tuitean opiniones de las que al poco se avergüenzan, todo ello mientras procuran ampliar su lista de followers. Las añejas violaciones del correo postal o las intervenciones de líneas telefónicas han sido reemplazadas por el procesado digital de la información contenida en las redes sociales, las bases de datos de las empresas o los archivos públicos, y la proliferación imparable de móviles y cámaras nos ha hecho a todos —como en la serie televisiva— ‘persons of interest’: suscitamos el interés del ojo del Gran Hermano al igual que las celebridades se exponen a la lente de los paparazzi.
Hoy no necesitamos a un Diablo Cojuelo que levante los tejados de las casas para desvelar sus secretos, porque las gentes que las habitan ya exponen su intimidad en las redes sociales o en los medios, mientras los asuntos públicos que a todos nos atañen se emboscan en el laberinto de la información irrelevante o excesiva. Seguramente tendríamos que aceptar con resignación que la reserva o el pudor del ciudadano privado pertenece al pasado, y que la técnica nos ha hecho a todos tan cristalinos y frágiles como el licenciado Vidriera; y asumir igualmente con realismo escéptico una cierta opacidad del poder, tolerable si es capaz de suministrar prosperidad y libertad de forma ecuánime. Sin embargo, el comportamiento irresponsable de nuestras élites políticas y económicas, tantas veces impunes en sus desmanes, hace imposible aceptar mansamente su dictado.
Nuestro ideal de felicidad doméstica es el recinto introvertido, el ‘hortus conclusus’ de los clásicos o ‘mi casa es mi castillo’ de los anglosajones, pero de hecho vivimos en la vitrina de Google, expuestos a la abrasión del tráfico de las redes y sin otra ‘habitación del pánico’ que la desconexión. De parecida forma, soñamos con Parlamentos transparentes, y cuando ha habido que albergarlos en edificios históricos —como el Reichstag berlinés— el gran debate arquitectónico ha sido el de su apertura a la mirada vigilante de los ciudadanos, pero lo cierto es que los legisladores, al igual que el gobierno o los tribunales, son tan opacos tras un vidrio como tras un muro. Mientras sigamos extraviados entre el jardín tapiado y el escaparate mediático, la reconstrucción de la responsabilidad de las élites será más importante y urgente que la regulación de la transparencia del poder.
