El terremoto de grado 8,8 que sacudió Chile en 2010 tuvo un fuerte impacto sobre las construcciones, pero la mayoría lo soportaron sin llegar al colapso; sin embargo, el tsunami que llegó después asociado al temblor resultó altamente destructivo por la falta de previsión ante este tipo de desastres. La ciudad de Constitución, localizada en la desembocadura del río Maule y abierta hacia el océano Pacífico, quedó destruida casi por completo. El gobierno puso en marcha entonces un plan de reconstrucción urbana que debía quedar definido en los cien días posteriores a la catástrofe. Inmediatamente, se inició una consulta popular sobre las críticas de los ciudadanos hacia su entorno, y las respuestas revelaron dos peticiones mayoritarias: mejorar la cantidad y calidad del espacio público en la ciudad, y crear acceso democrático al río. El plan da respuesta a estas reivindicaciones y las enmarca dentro del objetivo concreto de proporcionar protección ante los posibles tsunamis. Para ello, en vez de emplear infraestructura pesada para hacer una barrera contra el mar, el plan introduce una banda costera de parque con una amplia red de equipamientos públicos y algunas intervenciones estratégicas en el tejido urbano. La franja del litoral emplea la vegetación y el relieve como los elementos de fricción que pueden mitigar la energía de las olas.