Madrid vive una época oscura para la arquitectura. Las administraciones de Madrid abandonan su responsabilidad en la promoción de la arquitectura pública de viviendas y equipamientos.

El milagro del modelo de “colaboración público-privada” deja en manos de los fondos de inversión, mediante fórmulas de cesión del derecho de superficie o con el pago de cánones del dinero de nuestros impuestos, la construcción y explotación de viviendas públicas o equipamientos como el Campus de la Justicia.

De esta forma la arquitectura pública se convierte en un negocio con criterios puramente económicos en los cuales los arquitectos se transforman en meros instrumentos y lacayos al servicio de la rentabilidad del mercado. Y pierden su condición de independencia de pensamiento y de colaborar en el futuro de nuestras ciudades.

Las administraciones siempre fueron un vector de innovación y la política de concursos públicos siempre han sido una forma de investigar nuevos modos de vida en arquitectura contemporánea y de imaginar el futuro de un paisaje urbano para el S. XXI.

Lamentablemente la política actual de “colaboración público-privada” es el mantra de las administraciones gobernadas por el PP.

En el caso del Campus de la Justicia se enterraron el concurso de ordenación original (ganados por los arquitectos Frechilla & Peláez) y los concursos de arquitectura para la construcción de diversos edificios del Campus (alguno de ellos realizados por encargo “digital” de Esperanza Aguirre a los arquitectos “estrella” como Norman Foster o Zaha Hadid)...

El Diario: La arquitectura pública en Madrid: un festín para los grandes depredadores inmobiliarios