El conocimiento en estos días de un contrato secreto de la Operación Chamartín, en el que se establecen las condiciones de la venta de 1.200 millones de metros cuadrados públicos titularidad de ADIF, a una entidad privada constituida por el BBVA y el Grupo San José (Distrito Castellana Norte, DCN), ha desvelado la podredumbre, por no usar la palabra corrupción (aunque todo apunta a ello), que ha acompañado a esta operación inmobiliario-financiera, camuflada bajo distintos nombres o disfraces a lo largo de 25 años. Un intento de vender como desarrollo urbanístico lo que es un puro negocio inmobiliario, publicitado mercantilmente por DCN con la aquiescencia del Ayuntamiento de Madrid...