Aunque no dieron pie al sorpasso pretendido por los nuevos partidos políticos, las elecciones del 24 de mayo sí han producido una notable transformación del poder autonómico y municipal. La emergencia de las nuevas siglas, unida a la lectura nacional que desde el principio han tenido estas elecciones, han acabado de raíz con las mayorías absolutas (algunas de ellas consolidadas desde hace decenios), y auspiciado la necesidad de llegar a pactos políticos, en ocasiones dificultosos, entre los partidos tradicionales y las formaciones emergentes, ya sean de derechas o de izquierdas.

En el cambio de colores del mapa político nacional destaca, en especial, el producido en las grandes capitales, donde los movimientos ciudadanos en la estela de Podemos detentan ya o al menos sostienen el poder municipal. Es el caso de Madrid y Barcelona, donde sus ya flamantes alcaldesas, la exjurista Manuela Carmena y la activista Ada Colau, han recibido, respectivamente, el apoyo del PSOE y de un conglomerado de formaciones de izquierda. Es difícil aún anticipar el alcance real de los cambios que traerá la nueva escena, pero por de pronto las dos alcaldesas han anticipado la descentralización del poder municipal e inversiones en vivienda social, así como la revisión de los grandes proyectos anunciados por las anteriores corporaciones, no exentos de polémica, como la intervención en la manzana Canalejas y la Operación Chamartín en Madrid, o la transformación de la Torre Agbar en Barcelona.