La ciudad es el problema; la técnica, la solución. Este eslogan podría resumir los programas urbanos que, sea en las metrópolis consolidadas de Occidente o en las bullentes megalópolis de Asia, se sostienen en esa versión del panóptico moderno que son las llamadas ‘ciudades inteligentes’. Ilustrado con el término del ‘Internet de las cosas’, el nuevo paradigma de gestión descansa en un símil muy intuitivo, según el cual las inextricables mallas de las tecnologías de la información son como una red neuronal, y los poderosos centros que gestionan los datos, como cerebros. La’ inteligencia’ que esta red produce puede así aplicarse a los objetos, pero también a las ciudades.

Pese a la ínfula que se le suele dar, esta ‘inteligencia’ es más bien precaria. Consiste, en realidad, en la digitalización del espacio urbano a través de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como en los sistemas de información geográfica (GIS), con el fin de monitorizar calles, edificios y personas mediante tramas innúmeras de sensores, y de intervenir en tiempo real sobre la ciudad (véase Arquitectura Viva 145). Los problemas que pretenden atajarse son diversos, desde la movilidad hasta la gestión de los recursos, pasando por el medioambiente o incluso el modelo político, al sugerir la idea de un gobierno participativo a través de las ubicuas redes sociales. No menos variados son los contextos en los que esta inteligencia digital puede aplicarse. En Nueva York IBM está instalando 250.000 lectores con fines extrañamente complementarios, como detectar fugas de agua, reducir el tráfico, prevenir incendios o anticiparse a la comisión de delitos. Por su parte, Corea del Sur se proclama orgullosa de su propia ciudad inteligente, New Songdo, que la multinacional CISCO prevé terminar en 2014, y que será un organismo dotado de un inmenso centro digital de operaciones que, haciendo las veces de cerebro, conectará semáforos, hospitales, farolas y estaciones meteorológicas.

Evidentemente, el loable fin de dotar de inteligencia a nuestras ciudades es, en sí mismo, un fenomenal negocio; de hecho algunos estiman que podría mover más de 50.000 millones de dólares al año. De ahí, que las grandes multinacionales de la comunicación hayan levantado un pujante lobby, que convoca congresos por doquier para buscar socios entre los gestores políticos y convencerles de la urgencia extrema de poner coto a las fugas de agua y los problemas de tráfico, pero también de disolver de una manera políticamente neutral —tal es la virtud angélica de las herramientas digitales— las pugnas sociales, incluida la delincuencia, resultado del hecho siempre incómodo de habitar juntos. Como ha puesto de manifiesto César Rendueles en un reciente y excitante libro, Sociofobia, tras ello no sólo se oculta el interés económico, sino una inocencia fetichista ante la tecnología, entregada a la creencia —que la tozuda realidad no se cansa de desmentir— de que las técnicas digitales son una fuente automática de transformaciones sociales ajenas a la gastada tradición de la democracia representativa.

Lo cierto es que poco importa que la inteligencia urbana se conciba en cuanto simple tecnología aplicada o como una ambiciosa utopía a la manera de Telépolis o la City of Bits; el peligro es que la ciudad acabe entregada a los nuevos especialistas digitales, y que los necesarios papeles jugados por el rechazable político o el megalómano arquitecto acaben devaluándose conforme se socava en paralelo el quehacer deliberativo de los ciudadanos anónimos en cuanto constructores materiales de la vida urbana. Lejos ya de la agresiva metáfora del ojo que todo lo ve —el Panopticon de Bentham o el Big Brother orwelliano—, la tecnocracia es hoy reclamada, desde dentro, por la propia comunidad digital, en una suerte de variante líquida pero autoimpuesta de demagogia. La conclusión fue anticipada hace más de cincuenta años por Lewis Mumford: no debemos pedirles a las máquinas más de lo que realmente pueden darnos.