La imputación de Santiago Calatrava en el caso de la presunta contratación ilícita del anteproyecto para una nueva ópera en la bahía de Palma, encargado en 2007 al arquitecto por el gobierno de Jaume Matas, constituye el último eslabón del proceso judicial que, desde que se hizo público el caso ‘Palma Arena’ en 2008, ha venido instruyéndose a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. La causa, que tuvo su origen en el dudoso desarrollo de la construcción del velódromo de la capital mallorquina, se ha extendido a otros veinticinco expedientes más, entre los cuales el de la ópera es sin duda el más mediático, al afectar a una figura con tanta visibilidad internacional como la del célebre arquitecto valenciano.

Centrado primero en la actuación de Jaume Matas, al que se acusa de amañar el encargo con fines electoralistas, el procedimiento judicial ha incidido después en los aspectos formales de la gestación administrativa de la contratación de Calatrava, considerada irregular tanto por las deficiencias que se han detectado en las facturas emitidas por el arquitecto, como por los plazos sumamente breves en los que se ejecutó el encargo, indicios suficientes —según el informe de Hacienda remitido a la Fiscalía— para demostrar que el proceso consistió realmente en comprar un anteproyecto elaborado con anterioridad por el estudio de Calatrava.