En los edificios se usa el 30 % de la energía final que se consume en España. No está mal. Es para considerar que cualquier planteamiento del modelo energético del país debería tener en cuenta la edificación como una parte esencial, de la manera en que lo hace la Agencia Internacional de la Energía cuando diseña su modelo energético para el año 2050.

Y es que, siguiendo las actuales tendencias y para cubrir las necesidades del crecimiento de la población en las condiciones adecuadas, en 2050 el sector mundial de la edificación generará él solo todas las emisiones que la humanidad puede enviar a la atmósfera si queremos limitar el aumento de temperatura sólo a dos grados, según el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), el único escenario que nos podemos permitir. Así que necesitamos otro sector de la edificación que consuma menos y lo haga con renovables.

De hecho, ya tenemos una directiva europea de eficiencia energética que exige que los edificios que construyamos sean ‘edificios de casi nula energía’ (near Zero Energy Building, nZEB) durante su uso, y que la poca que usen sea renovable, de manera que todos los edificios nuevos ya tengan ese estándar en 2020, y que existan estrategias para llevar ese estándar al parque de edificios existentes.

Eficiencia energética y fuentes renovables para un parque edificado en una sociedad de bajo carbono: promover esto implica fomentar el ahorro energético y la presencia de renovables en la producción de energía. Y dado que más del 70 % de nuestras fuentes energéticas provienen de la importación de combustibles fósiles (algo que desequilibra nuestra balanza de pagos en un momento de crisis de deuda como el actual), resulta una apuesta doblemente ganadora para dirigirnos hacia una economía competitiva.

Pero justo en este momento se ha decidido que la tarifa eléctrica sea el mecanismo por donde se repaguen una serie de decisiones que han configurado un modelo energético que ya no nos sirve, y que nos impide definir el que necesitamos. Un modelo en el que el autoconsumo —el campo donde la edificación puede tener más oportunidades— va a resultar penalizado por peajes dirigidos a salvaguardar la estabilidad física del sistema pero que, en verdad, salvaguardan un sistema arcaico frente a la necesidad de una revolución energética a la que estamos obligados por las directivas europeas.

La realidad es que no vamos a invertir en eficiencia energética en nuestros hogares cuando su repercusión en la factura quede muy disminuida porque los costes fijos tienen un peso considerable. No vamos a amortizar una inversión en sistemas renovables si los peajes ‘de respaldo’ y de ‘acceso’ la hacen inviable. Estamos presos del pasado, de unas decisiones que ahora nos impiden definir un modelo que nos permita ser competitivos, lo que nos va a mantener postrados en el futuro.

Pero además, por culpa de la crisis, hemos descubierto que los precios al alza de la energía, las rentas a la baja, y la insuficiente eficiencia de las viviendas generan una ‘pobreza energética’, que afectan a la salud de los más débiles y les hacen perder oportunidades sociales.

Necesitamos un sector de la edificación de cero emisiones y alta eficiencia como un instrumento para satisfacer su función social con la mayor seguridad posible, y para disponer de un modelo energético que garantice nuestra competitividad económica. Y en este momento las decisiones que se toman en política energética no favorecen este escenario.

Es por ello que el objetivo del sector y de las políticas que lo impulsan debe ser asumir ese escenario y, con tal fin, debe apropiarse de la factura doméstica —puesto que forma parte de la habitabilidad— y presentarse y actuar como un sector decisivo en la definición de la política energética de este país. Porque es una parte esencial.