La arquitectura ha servido durante mucho tiempo como medio de protección contra el ambiente ‘natural’ y artificial, y al mismo tiempo ha sido una disciplina cuyo objeto es la materialización, organización y representación de la vida producida a la escala del mobiliario, la casa, los bloques de apartamentos, las sedes institucionales, las ciudades o, en ocasiones, los países. La arquitectura es una tecnología política, en el sentido de que asume la tarea de regular la salud, la socialización y la productividad de los ciudadanos.
Nada nuevo bajo el sol. Ya la arquitectura moderna intentó desempeñar un papel importante en la gobernanza, como se evidencia, por ejemplo, en la fundación en 1928 del Congrès International d’Architecture Moderne (CIAM). Constituido —o así suele contarse— a raíz de lo que Le Corbusier llamó el ‘asunto del Palacio de las Naciones’ —el escandaloso nombramiento de los arquitectos para diseñar la nueva sede de la Liga de las Naciones en Ginebra en 1927—, el CIAM abrió con claridad un nuevo e internacional ‘frente de batalla’.
Desde finales de la década de 1960, la preocupación medioambiental creció exponencialmente, y amplió este campo de batalla, expresándose a través de tropos como el ‘Whole Earth’ (la tierra entera), la retórica de la ‘Spaceship Earth’ (la nave espacial Tierra), o el territorio del capitalismo global más allá de las fronteras nacionales. Aunque Buckminster Fuller se había preciado durante mucho tiempo de pensar no sólo internacionalmente, sino en términos ‘mundiales’, fue a partir de 1970 que este imaginario global se volvió mucho más común, y el cliente de la arquitectura pasó a ser la ‘humanidad’ como tal. No es una casualidad que las Naciones Unidas se preocuparan cada vez más no sólo de cuestiones de seguridad internacional y conflictos bélicos, sino también de la gestión del medioambiente, la población, la comida, las mujeres, el mar y también el hábitat humano. Tras la reconstrucción de la Europa devastada por la guerra, y respondiendo a los llamamientos por la paridad económica y la justicia, la ONU trabajó para dar respuesta a los problemas urbanos y ambientales a través de los aparatos económicos y políticos establecidos. Le Corbusier vendía su visión de la ‘ciudad radiante’ a los industriales, banqueros y gobiernos como una estrategia contrarrevolucionaria —‘Arquitectura o Revolución. La Revolución puede evitarse’—, y algo semejante hay en los discursos sobre el ‘asentamiento humano’ y el ‘hábitat’ dirigidos a la humanidad. Pertrechada de datos científicos y técnicos, y comprometida en nuevos y flexibles paradigmas tecnológicos y de gestión, la arquitectura buscó dar salida a sus artefactos y su experiencia en este contexto. Vinculada íntimamente con el ejercicio del poder en marcos geopolíticos cambiantes, la arquitectura acabó sirviendo a una clientela multinacional.
El cambio en la escala geográfica y la creciente atención a la humanidad y a la ‘vida misma’ influyeron en la concepción de la arquitectura, que a partir de ahora comenzó a entenderse en el contexto de una matriz global de fuerzas (medioambiente, desarrollo, migraciones, guerra, pobreza, comunicación, informatización), y a dar cuenta de las presiones ejercidas sobre la vivienda y los hábitats y, por tanto, a las condiciones históricas manifiestas en las casas y las ciudades. A diferencia de lo ocurrido con los precursores utópicos modernos, que recurrieron a la planificación funcional y a la vivienda higienista, la nueva situación exigía herramientas que iban más allá de las propias de la disciplina, y estas tuvieron que atrincherarse en los experimentos históricos y semánticos de la posmodernidad: una llamada al orden en sí misma sintomática que constituyó la respuesta arquitectónica más reconocible a las propias fuerzas de la globalización que, entonces como hoy, se habían adueñado de la situación.
Felicity D. Scott es profesora de la Universidad de Columbia y autora de Outlaw Territories (MIT Press, 2016).
