Las obras públicas han constituido desde siempre, y especialmente desde el siglo XIX, un motor del fomento social y económico. En los países poco desarrollados, casi cualquier obra puede llegar a tener una extraordinaria capacidad transformadora; sin embargo, a medida que el desarrollo se va profundizando, el impacto de las obras resulta más difícil de cuantificar, y comienzan a ser necesarios análisis más detallados sobre la rentabilidad socioeconómica de la inversión. En los países desarrollados, los riesgos de adoptar decisiones equivocadas son, por tanto, mayores.

Durante los últimos años, se ha generado en España cierto estado de opinión contra las obras públicas; un estado de opinión provocado por algunos fracasos —permanentes o coyunturales— que han resultado muy llamativos desde el punto de vista mediático. La explicación que se da de esos fracasos es, generalmente, la misma, y se sostiene en tres palabras interrelacionadas: corrupción, nepotismo e incompetencia.

La extraordinaria simplificación que resulta de ello oculta una realidad mucho más compleja y atractiva, por cuanto las obras ‘llamativamente’ fracasadas representan menos del 2% de las inversiones totales realizadas: una ratio que es probablemente mejor que el de la media de las inversiones de todo tipo que se realizan en nuestro país. Si tuviéramos la adecuada perspectiva temporal, esta cifra se podría reducir aún más, ya que una parte de las inversiones que a corto plazo se consideran fracasadas a largo plazo pueden llegar a convertirse en grandes éxitos, tal y como demuestran ejemplos tan conocidos como la Torre Eiffel o el primer Canal de Panamá.

Vivimos en una sociedad en cambio permanente: lo nuevo pasa a ser antiguo en un instante; las necesidades se transforman con los días. Este escenario el que impele a tomar decisiones de planificación con una perspectiva de veinte o más años, teniendo en cuenta que el proceso de proyecto y construcción pocas veces dura menos de una década. Dicho de otro modo: hoy se están inaugurando obras soñadas hace más de veinte años, y el mundo entrevisto en aquel momento no siempre coincide con el del presente. Se trata, empleando la expresión de Schumpeter, de una creatividad destructiva que afecta a todos los sectores —de la telefonía a los medios de comunicación, pasando por las nuevas tecnologías o la logística de distribución—, pero que no debe conducirnos al nihilismo.

El coste de los errores no es, ciertamente, despreciable, pero, en un mundo en competencia permanente, el coste de la inacción puede llegar a ser mucho más destructivo. Valga un dato al respecto: tras décadas de esfuerzo para salir de un retraso secular, en el año 2014 —siempre según el Banco Mundial— España era el decimoctavo país del mundo por la calidad y dotación de sus obras y servicios públicos; dos años más tarde había perdido cinco puestos; y hoy, con seguridad, su posición habrá incluso empeorado. Probablemente, ya estemos empezando a pagar el coste de nuestra inacción (una tendencia que desgraciadamente no se puede cambiar de golpe), y esta factura llegará a ser, sin duda, muy superior —aunque al mismo tiempo más oculta— que la del despilfarro.

Nuestras obras pueden ser imperfectas, pero seguro que son temporales. Las obras públicas se diseñan para durar cincuenta o cien años, pero los plazos se van cumpliendo. En este sentido, todos los años desaparecen entre 20.000 y 30.000 millones de euros que necesitan ser repuestos. Nuestras obras son bienes de consumo duradero, aunque consumo al fin y al cabo: renunciar a estos bienes sería en buena medida renunciar también al funcionamiento de los servicios fundamentales que, como sociedad avanzada, nos hemos dado: desde la educación hasta la sanidad, pasando por la justicia, el agua potable, las redes de saneamiento, el suministro de energía, la movilidad o el respeto al medioambiente. No preservar estas obras sería, sin lugar a dudas, un despilfarro inaceptable.

Aniceto Zaragoza, ingeniero de caminos, es director de OFICEMEN.