El crowdfunding inmobiliario está ganando terreno en España. Estuvo en un limbo legal hasta 2015, cuando se promulgó la Ley de Fomento de Financiación Empresarial. Desde entonces, la CNMV es la encargada de autorizar, supervisar, inspeccionar y multar a las plataformas de financiación participativa, que son las intermediarias, las que seleccionan cada proyecto y agrupan a los ahorradores a través de un marketplace online (plataforma digital).

El crecimiento del mercado “casi ha triplicado su volumen de financiación desde el inicio, pasando de 17 millones de euros en 2016 a 40 millones en 2019”, según Rafael Merry del Val, cofundador y consejero delegado de Wecity. Y añade: “No hemos visto nada del volumen real donde nos moveremos en los próximos años”.

El mercado se sustenta en los cientos de ahorradores que están dispuestos a aportar pequeñas cantidades —desde 50 euros— a cambio de una rentabilidad que suele rondar los dos dígitos, según anuncian las plataformas. Permite al ahorrador diversificar sus inversiones, algo que estaba reservado a grandes patrimonios y capitales. “Une las nuevas tecnologías con la inversión más tradicional en ladrillo. No son criptomonedas”, dice Diego Bestard, consejero delegado de Urbanitae...

El País. ‘Crowdfunding’ inmobiliario: un Monopoly real donde conviene saber las reglas